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Ecuador llevó a cabo este pasado agosto dos consultas populares vinculantes que solicitaban autorización de la ciudadanía para la explotación de recursos naturales no renovables en zonas protegidas del territorio nacional. Estas consultas se enmarcan en los derechos ambientales amparados por la Constitución ecuatoriana, la única en el mundo que ha reconocido la naturaleza como sujeto de derechos.